El Partido Popular pidió desde el principio dar “dar marcha atrás” al ERTE aplicado a los trabajadores por “no cumplir los requisitos legales”
28-mayo-2020.- Los jueces “han dado la razón al PP” sobre la ilegalidad del ERTE aplicado a los trabajadores de Tuvisa, según la sentencia conocida ayer, lo que, a juicio del PP, confirma la “nefasta gestión de Urtaran” en este asunto.
El Partido Popular fue el único partido del Ayuntamiento en mostrarse desde el primer momento “contrario” al ERTE que Urtaran aplicó a Tuvisa por “no cumplir los requisitos legales para acogerse a ese mecanismo de regulación temporal de empleo”. El PP pidió al alcalde que lo “anulara” y “retomara las negociaciones” con los trabajadores para “buscar otra salida” y “evitar consecuencias negativas en la organización de Tuvisa”.
Los populares señalaron desde el principio que “no era ético” que desde la Administración Pública se acudiera a ERTEs cuando es una “fórmula que está principalmente pensada para empresas privadas”.
“Los jueces han dado la razón al Partido Popular sobre la ilegalidad del ERTE que Urtaran aplicó a los trabajadores de Tuvisa. El Partido Popular pidió anular este ERTE porque no cumplía los requisitos legales. Ahora, la sentencia conocida ayer confirma esa ilegalidad y la nefasta gestión del PNV y de Urtaran, quien como alcalde tendrá que dar las explicaciones oportunas a los vitorianos sobre las consecuencias de esta sentencia para Vitoria”, ha reclamado el concejal del PP y consejero en Tuvisa, Alfredo Iturricha.
El Gobierno municipal decidió aplicar un ERTE en Tuvisa “de forma unilateral y sin convocar a los partidos representados en el Consejo de Administración”. El ERTE de Tuvisa fue recurrido por los trabajadores, quienes también interpusieron una demanda de conflicto colectivo. Ahora la Justicia se ha pronunciado ratificando que la decisión del ERTE fue “injustificada” al ser una “entidad pública”.
Dos informes de la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo ya confirmaban también unos días antes que no podrían aplicarse ERTEs a Administraciones Públicas y entidades de derecho público, salvo las financiadas con operaciones realizadas en el mercado, que no era el caso de Tuvisa, ya que se financia mayoritariamente con dinero público proveniente del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
