López de Uralde reclama intensificar al máximo las medidas de protección en la fase de pre-desemantelamiento de la nuclear de Garoña

Vitoria-Gasteiz
  • El líder de EQUO considera inadmisible la detección de ciertas anomalías en las dosis de radiación recibidas por los trabajadores de la central burgalesa

El diputado de EQUO en Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, se ha mostrado muy crítico ante las últimas informaciones desveladas en torno a la planificación de las tareas de pre-desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha detectado ciertas anomalías en las dosis de radiación recibidas por los trabajadores de la central burgalesa provocadas por imprecisiones en la estimación de riesgos radiológicos de los trabajadores.

Según explicaciones del propio organismo difundidas por la agencia EFE, el indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis. Ante esta situación, el órgano apunta la necesidad de exigir ‘reestimaciones’ contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación. El CSN remarca asimismo la obligación de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, ya que resulta difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación.

Conocidas estas informaciones, Juantxo López de Uralde, ha registrado de inmediato una pregunta en el Congreso de los Diputados solicitando al Gobierno ampliación de explicaciones sobre estas anomalías localizadas en las inspecciones. “Resulta inadmisible que esté pasando esto por los impactos que podría tener tanto para el personal de la planta como para el medioambiente. Las medidas de seguridad deben garantizar al 100% la integridad de las y los trabajadores de esta instalación. No puede darse ni un ápice de riesgo ni durante esta fase de pre-desmantelamiento ni durante la fase de demolición”, ha reiterado el diputado.

Entre las consultas trasladas se pregunta por el grado de conocimiento del Gobierno de dicha situación; por su  valoración sobre la actuación de la empresa propietaria de la central, Nuclenor, desde que se decidió su cierre definitivo o sobre si los trabajadores de Garoña se han visto expuestos a dosis excesivas de radiación.