La Asociación Saharaui para la Lucha contra la Impunidad en los Campamentos de Tinduf

Internacional

La Asociación Saharaui para la « Lucha contra la Impunidad en los Campamentos de Tinduf »
tuvo información sobre la presencia del secretario general del frente « polisario » en suelo español con fines hospitalarios, lo que fue confirmado oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España el 22 de abril de 2021.
Dicha persona ha sido y es objeto de varias denuncias ante la Audiencia Nacional española, a raíz de los cargos de violación, tortura, ejecuciones extrajudiciales y genocidio cometidos por Ibrahim Ghali, acompañado por un grupo de líderes del frente « polisario », contra cientos de saharauis y mauritanos en prisiones secretas en los campos de refugiados saharauis, al suroeste de Argelia.
El continuo sufrimiento de las víctimas y sus familias como resultado de la falta de mecanismos eficaces capaces de garantizar que puedan recurrir a los tribunales del país anfitrión (Argelia), los llevó a recurrir a los tribunales españoles, que proporcionan todas las garantías de la protección de sus derechos llevando de esta forma a revelar la verdad sobre estas violaciones, y sobre la suerte de los que desaparecieron de manera forzada dentro de los campamentos de
Tinduf. Es ante todo un consuelo que preservará su dignidad humana, responsabilizará a los autores de estos actos y garantizará la reparación del daño individual y colectivo sufrido por las víctimas y pondría fin a la realidad de impunidad de la que gozan Ibrahim Ghali, Sayed Ahmed Batal y Al Bashir Mustafa Al Sayed, así como otros líderes en suelo argelino.


En conformidad con las recomendaciones de los mecanismos de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, y teniendo presente su responsabilidad hacia las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en los campamentos de Tinduf, « la Asociación Saharaui de Lucha contra la Impunidad » considera que la presencia de Brahim Ghali en suelo español, es una oportunidad para que el Estado de Derecho en España garantice los derechos de las víctimas y a sus familiares. Las instituciones españolas competentes están obligadas a
asumir sus responsabilidades legales para detener a Ibrahim Ghali, como primer paso, para llevar a cabo un examen transparente e imparcial de las acusaciones formuladas por la Audiencia Nacional de Justicia española y del régimen de responsabilidades legales.


En este sentido, pedimos a la autoridad judicial española de acelerar la ejecución de las medidas
necesarias para impedir que Ibrahim Gali vuelva a quedar impune, y hacemos un llamamiento
a todos aquellos que tienen conciencia viva en la sociedad civil española e internacional para
apoyar a las víctimas en su lucha y poner fin así a su sufrimiento de décadas.