España, la solución del Sáhara pasa por una salida autonómica, y presiona al Polisario a negociar

España Internacional

Por Pedro Canales

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese al lastre que le supone en su política exterior su alianza gubernamental con Podemos, está utilizando sus medios e influencias para presionar al movimiento Frente Polisario a que acepte la propuesta de Marruecos de una solución en base a la autonomía del Sahara bajo supervisión internacional.

Varios hechos lo corroboran:

  • La firmeza de la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya al rechazar incluir la enseña de la RASD (República saharaui proclamada en territorio argelino y no reconocida ni por la ONU ni por la Unión Europea) en el despliegue de banderas africanas expuesto en el Ministerio español conmemorando el Día de África el 25 de mayo pasado. 
  • El no reconocimiento de los “pasaportes diplomáticos” que los numerosos representantes del Polisario en el Estado español y en las Comunidades Autónomas, pretenden hacer valer como documentos de viaje.
  • La llamada al orden al vicepresidente Pablo Iglesias por la audiencia que uno de sus seguidores nombrados a dedo como secretario de estado de Derechos Sociales, con una “ministra” de la RASD en un despacho oficial gubernamental, obligando incluso al líder de Podemos a tener que admitir muy a su pesar, que “la política exterior española es una cuestión de Estado”.
  • Y la reciente decisión del Tribunal Supremo negando el derecho automático a la nacionalidad española a todos los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 14 de noviembre de 1975, fecha en la que España transfirió la Administración del Territorio a Marruecos y Mauritania en un Documento firmado en Madrid por el Presidente del gobierno español Carlos Arias Navarro, el primer ministro marroquí Ahmed Osman y el ministro de Asuntos Exteriores mauritano Hamdi Uld Mouknass, y depositado oficialmente en las Naciones Unidas.

Durante todos estos años, miles de ciudadanos saharauis, muchos de ellos afincados en España, obtuvieron la nacionalidad española en base a documentos que demuestran haber nacido en el Territorio del Sahara Occidental antes de 1975, de ser hijos de padres saharauis, muchos de ellos habiendo servido como funcionarios, policías o miembros del Tercio español del Sahara. Todos los gobiernos españoles, fueran del PSOE o del PP, aceptaron como buenas las premisas para obtener dicha nacionalidad. Pero ha sido bajo el Gobierno de Pedro Sánchez cuando se ha puesto fin a esta anormalidad jurídica por una resolución del Tribunal Supremo. 

Más allá de las polémicas que puede suscitar este rechazo del Supremo a conceder la nacionalidad española de manera automática, el hecho en sí es interpretado como una presión más sobre el movimiento independentista saharaui y su padrino el Estado argelino, para negociar seriamente en base a la oferta hecha por Marruecos de una solución en base al proyecto de Regionalización avanzada del territorio, en otras palabras, una Autonomía política de autogobierno. 

La decisión del gobierno Sánchez relativa a la cuestión del Sáhara es de fondo, si bien no puede negar la existencia del problema que suponen los miles de refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf. Para el Ejecutivo español no hay un problema político en el Sáhara, sino un problema humano de refugiados

Hasta ahora el Frente Polisario se ha movido por el Estado español con toda libertad, utilizando tanto a los movimientos de españoles solidarios con su causa, como a los saharauis con nacionalidad española. La actitud del gobierno Sánchez es un mensaje claro: es hora de volver al país y encontrar una solución en el autogobierno autonómico dentro del Estado marroquí. Pedro Sánchez sabe también que para su socio gubernamental Pablo Iglesias, el Sáhara es una cuestión menor, que puede perfectamente ser sacrificada en el altar de los intereses personales y de partido.