El PP se opone a que los alaveses paguen los ‘pufos’ del PNV en el Parque Tecnológico de Miñano

Vitoria-Gasteiz

TÚNEL DEL VIENTO, EPSILON EUSKADI

 Marta Alaña, juntera popular, ha declarado que “el caso del túnel del viento es otro caso más en el que la actuación del PNV ha lesionado el interés público, que se suma al también mayor caso de corrupción alavés y vasco, el caso De Miguel”. 

• “La decisión del PNV de salir avalista de una empresa privada, de lo que ha sido el fiasco del caso Epsilon en Miñano, supone un millón de gasto al año y no produce ni un euro”. 

El PP de Álava ha manifestado hoy durante el Pleno de Control su oposición a que “los alaveses paguen los pufos del PNV en el Parque Tecnológico de Miñano”. La juntera popular Marta Alaña ha declarado que “el caso del Túnel del Viento es otro caso más en el que la actuación del PNV ha lesionado el interés público, que se suma al también mayor caso de corrupción alavés y vasco, el caso De Miguel”. 

Según ha explicado Alaña, que “desde 2016 la Diputación Foral de Álava está realizando ampliaciones de capital para compensar las pérdidas de una media de 3 millones de euros al año que tiene todos los años, motivadas en gran parte por la baja ocupación del parque y el pago de la deuda del túnel del viento sin generar un euro desde 2014”. Además, la procuradora del PP ha apuntado que “aún sigue libre el 30% del suelo destinado a parcelas y de la parte construida sigue sin ocupación el 67%”. 

Con respecto a las pérdidas económicas, Alaña ha denunciado que “fue el PNV quien puso a la Diputación, una institución pública, como avalista de una empresa privada, Epsilon Euskadi, en el año 2009”. “Como consecuencia de esta decisión del PNV, los alaveses hemos tenido que hacer frente a una deuda de 16 millones de euros que generó una empresa privada, de los que quedan por pagar 11 millones de euros”, ha reprochado. 

Para Alaña, “el cerca de millón de euros que pagamos por el préstamo y los intereses del túnel del viento al año llegaría para financiar 25 plazas residenciales de personas mayores o, sobradamente, dos viviendas con apoyos de 10 plazas cada una para personas con discapacidad intelectual o para hacer un plan de mejora y modernización de polígonos industriales”.