• Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses presidente del PP de Álava: “Si las instituciones públicas no abren alojamientos ni ponen en marcha recursos residenciales para las personas de enfermedad mental y se les quita la RGI desde marzo, es un colectivo abandonado y maltratado por las instituciones públicas”.
• Los populares urgen una solución urgente con una prestación económica inmediata vía RGI o de otro tipo mientras se articula la puesta en marcha de servicios sociales suficientes para estas personas.
El PP ha denunciado esta mañana que Lanbide excluye de la RGI a las personas con enfermedad mental. Como ha apuntado Ana Morales, portavoz suplente del grupo Populares Alaveses en las Juntas Generales de Álava, “desde marzo estas personas con enfermedad mental viven una situación de abandono total por parte de las instituciones públicas, en el peor momento con esta pandemia, y urgimos una solución urgente con una prestación económica inmediata vía RGI (Renta de Garantía de Ingresos) o de otro tipo mientras se articula la puesta en marcha de servicios sociales suficientes para estas personas”.
El PP ha presentado en Juntas Generales de Álava una moción con carácter de urgencia, que fue rechazada por los grupos del Gobierno PNV y PSOE, “a pesar de que hay decenas de personas sin recursos, sin comida y sin un techo donde dormir”, ha apuntado Morales. Además, los populares han pedido la comparecencia del Diputado de Políticas Sociales Emilio Sola para exigir responsabilidades en una comisión.
Morales ha denunciado la “dramática situación” que viven las personas con enfermedad mental ante “una acción insuficiente” de la Diputación Foral de Álava. “Solo se les presta atención sanitaria, es la única atención que reciben”, ha incidido. La Diputación intentó “con desgana” una solución insuficiente, incluyendo algunas de estas viviendas en el registro foral de servicios sociales, pero no ha tenido ningún éxito porque algunas ya estaban en el registro y seguían denegándose la RGI a las personas empadronadas allí.
Según ha explicado la procuradora popular, “desde marzo de 2020 Lanbide ha empezado a denegar la RGI a las personas con enfermedad mental que viven en alojamientos de carácter privado, que son la mayoría porque se ven abocados a vivir en este tipo de viviendas comunitarias y pensiones ante la falta de unos recursos residenciales públicos o concertados que les procuren las administraciones”.
En este sentido, la RGI venía a paliar esta insuficiencia de alojamientos de responsabilidad pública y “al denegarles la RGI y se ven abocadas a la calle y la exclusión social, no tienen dinero para un techo ni para la manutención, sin recursos económicos de ningún tipo”, ha detallado. En su opinión, la RGI no debería ser la solución definitiva para el colectivo de enfermedad mental, pero “les procuraba hasta marzo un techo, un alojamiento y una manutención”. Desde marzo Lanbide está aplicando la literalidad del decreto que rige la RGI en el que establece en el artículo 6 que solo pueden ser considerados alojamientos colectivos a efectos de RGI: pisos de acogida, centros residenciales de exclusión social o para mujeres víctimas de maltrato. “La enfermedad mental no aparece, está también en el limbo de la RGI”, ha sostenido.
En definitiva, Morales ha denunciado que “si las instituciones públicas no abren alojamientos ni ponen en marcha recursos residenciales para las personas de enfermedad mental y se les quita la RGI, es un colectivo abandonado y maltratado por las instituciones públicas”.
La portavoz suplente de Populares Alaveses en la cámara foral ha subrayado que al PP le consta que las trabajadoras sociales de Álava están “desbordadas, desesperadas y muy preocupadas porque no tienen herramientas para dar una solución a las personas con enfermedad mental a las que se les está quitando la RGI”. Tal y como han trasladado, muchos recursos de carácter privado, viviendas comunitarias y algunas pensiones han tenido que cerrar porque los usuarios no han podido pagar los costes. E incluso, en algunas les están dando de comer de manera altruista y otras sin capacidad económica no han podido. “Alrededor de diez viviendas comunitarias, en las que viven 9 personas en cada una, han tenido que cerrar, pero serán muchas más se puede multiplicar por dos o tres. El nivel de abandono institucional es tal que no hay un seguimiento oficial ni un dato oficial del número de personas que están en esta situación”, ha criticado Morales.
