El Gobierno solicita la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo y aprueba 30 medidas adicionales para apoyar a los ciudadanos y las empresas

España

Los menores de 14 años podrán salir a la calle con un adulto para realizar las actividades permitidas, como ir al supermercado, a la farmacia o al banco. Las nuevas medidas económicas y sociales protegerán a los colectivos más vulnerables, reforzarán la financiación de las empresas, facilitarán el ajuste de la economía y favorecerán el empleo.

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados su autorización para prorrogar, hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo, el estado de alarma decretado el 14 de marzo con el fin de gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha concretado que la propuesta incluye la petición de que los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto, con el que convivan, en los desplazamientos ya contemplados en el estado de alarma, como ir al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.

El Ministerio de Sanidad y la vicepresidencia de Derechos Sociales elaborarán una guía en los próximos días que detallará los lugares, establecimientos o actividades a los que puedan acceder los niños y las medidas preventivas de higiene y distanciamiento que tendrán que adoptar.

El Ejecutivo es consciente de que esta medida supone solo un alivio parcial de la situación de confinamiento de los menores, ha afirmado su portavoz, quien ha insistido en que hay que «preservar que la salida de las personas que están en su domicilio estén tasadas» para evitar un retroceso en los logros para combatir la pandemia.

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaMontero ha añadido que esta decisión se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios y ponderando el riesgo y el beneficio en relación con la situación actual de la enfermedad. La mayoría de los niños, ha explicado, ha permanecido en sus domicilios en las últimas cinco semanas, por lo que «la posibilidad de que estén contagiados o puedan transmitir el virus es realmente baja».

La portavoz ha aclarado que no se están relajando las medidas de contención y ha apelado a la responsabilidad de los adultos para garantizar la seguridad de los menores y la de otros ciudadanos.

Además, María Jesús Montero ha insistido en que, para poder avanzar en la desescalada, hay que consolidar los logros alcanzados: «Cada paso que damos hacia la normalidad tiene que estar medido y reflexionado».

Los datos de esta pandemia, ha dicho, «nos permiten albergar un rayo de esperanza» y cada día que pasa se está consiguiendo salvar vidas, al frenar la expansión del virus y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Nuevas medidas de apoyo a la economía y al empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de Medidas Urgentes Complementarias para Apoyar a la Economía y al Empleo, con medidas laborales, económicas y fiscales de carácter horizontal y otras específicas de adaptación de la normativa aplicable a sectores concretos, como el de la investigación.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el Gobierno está utilizando todos los recursos económicos, financieros y legales del Estado para dar una respuesta a la situación provocada por el COVID-19, con el fin de «garantizar la canalización de recursos productivos, mantener la actividad empresarial y el empleo, y apoyar las personas afectadas durante este periodo extraordinario».

Apoyo a los trabajadores

Nadia Calviño durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaCalviño ha explicado que las medidas adoptadas hoy complementan las que se han aprobado durante el estado de alarma, dando respuesta a trabajadores que habían quedado sin cobertura. Entre ellos, los que vieron extinguido su contrato en periodo de prueba desde el 9 de marzo, o aquellos que rescindieron su contrato voluntariamente a partir del 1 de marzo por tener otra oferta laboral en firme que no llegó a materializarse a causa de la pandemia. En ambos casos tendrán derecho a las prestaciones por desempleo.

Asimismo, se refuerza la protección para los trabajadores con contrato fijo-discontinuo, de forma que podrán incorporarse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.

Por su parte, las empresas de sectores esenciales podrán diferenciar a los trabajadores que realizan las labores imprescindibles de los que no, para poder acceder a realizar un ERTE.

El Real Decreto-ley también regula el rescate de los fondos de pensiones y prorroga durante dos meses más el carácter preferente del trabajo a distancia y el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada para personas con dependientes a cargo debido a la situación de crisis sanitaria.

Financiación empresarial

La ministra ha resaltado, entre las medidas de refuerzo a la financiación empresarial, la ampliación de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para permitir cubrir, además de los créditos canalizados a través del sistema bancario, el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta: «Se fomentan así el mantenimiento de las líneas de financiación empresariales que se producen a través de los mercados de capitales».

El Consorcio de Compensación de Seguros actuará como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, con el objetivo de dotar de más seguridad a todas las operaciones comerciales, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) permitirá el aplazamiento del pago de las cuotas de los préstamos que haya concedido. Los nuevos mecanismos para renegociar o aplazar los pagos de alquileres de locales de negocio, en particular aquellos que sean propiedad de grandes tenedores o empresas públicas, ha sido otro aspecto destacado por Calviño.

Medidas fiscales

El conjunto de medidas fiscales está dirigido a «alinear las bases imponibles de los impuestos a la situación real a la que se enfrentan las empresas, sobre todo pymes y autónomos», ha explicado la ministra. El objetivo es liberar hasta 1.100 millones para garantizar su liquidez. Los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, para ajustar el pago a los ingresos reales.

Por su parte, las empresas podrán adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020 y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias del impuesto de sociedades a la obtención de la financiación a través de la línea de avales del ICO.

La ministra se ha referido también a la reducción a cero del IVA aplicable al suministro de material sanitario de productos nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, lo que permitirá un ahorro de más de 1.000 millones de euros y garantizará la igualdad de trato para los productos nacionales y los importados. En cuanto al IVA aplicable a libros, revistas y periódicos electrónicos, queda equiparado al de estos mismos productos en papel.

Sectores específicos

La investigación, el ámbito portuario estatal y el deporte son beneficiarios de medidas dirigidas a aliviar su situación financiera y flexibilizar su normativa para el periodo actual.

La ministra ha citado, entre otras, el aplazamiento y refinanciación de los préstamos del Estado suscritos por los parques científicos y tecnológicos; la novación de los contratos de préstamos relacionados con las universidades, y la prórroga de los contratos predoctorales suscritos por las entidades que formen parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación.

Calviño también ha anunciado la creación de una Fundación adscrita al Consejo Superior de Deportes que estará dotada con los fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales y cuyo fin será el de contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, olímpico y paralímpico en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokyo, que se celebrarán en 2021. Formarán parte de esta entidad la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y representantes de las restantes federaciones deportivas españolas así como de las competiciones oficiales y no oficiales.

Reconstrucción económica y social

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaDurante su intervención, María Jesús Montero ha agradecido a las formaciones políticas, a comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales, empresarios y sindicatos, con los que se ha reunido el presidente del Gobierno, su disposición para trabajar en la reconstrucción económica y social de España.

El objetivo del Gobierno, ha resaltado Montero, es armonizar el trabajo de todos ellos, que están simultáneamente y en paralelo realizando sus aportaciones.

En este sentido, la portavoz ha recordado que el Congreso de los Diputados fijará el día y la hora, y determinará el formato de la comisión parlamentaria para la reconstrucción, a la que el Ejecutivo acudirá con cuatro prioridades: refuerzo del sistema sanitario; ayudas a empresas, autónomos y economía social; protección a los colectivos más vulnerables y posición común en la negociación con la Unión Europea.

La portavoz ha anunciado que Pedro Sánchez ha convocado para el próximo jueves a la mesa de diálogo social, en la que están presentes la patronal y los sindicatos: «Su participación es necesaria, obligada para una auténtica recuperación».

El Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para la protección de las personas trabajadoras

foto ilustrativa
  • Los trabajadores fijos-discontinuos verán reforzada su protección
  • Se reconocerá la prestación por desempleo a las personas que hayan extinguido su relación laboral en periodo de prueba a causa del Covid-19, que tengan cotizado, y a aquellas que rescindieron su contrato por un nuevo empleo.
  • Los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo dejarán de contar salvo para actuaciones relacionadas con el Covid-19 y se refuerzan las sanciones a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas de ERTE
  • Se determina el concepto de fuerza mayor parcial en el caso de las empresas que se dedican a actividades esenciales
  • Prórroga para el teletrabajo que prolongará su carácter preferente dos meses más

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes Complementarias para Apoyar a la Economía y al Empleo que refuerzan la protección de los trabajadores y extiende a más colectivos la prestación por desempleo.

Se prorroga durante dos meses el trabajo a distancia y también el derecho de adaptación del horario y de la reducción de jornada, el denominado “Plan MECUIDA” para personas con dependientes a cargo debido a la situación de crisis sanitaria.

Contratados fijos-discontinuos

Se habilita una mayor protección para los trabajadores que tienen un contrato fijo-discontinuo de forma que pueden incorporarse a los ERTE o que puedan percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.

Es el caso, por ejemplo, de muchos empleos asociados a las actividades de temporada que empiezan en esta época y que trabajan tan solo unos meses del año. Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.

Contratos en periodo de prueba y rescisión voluntaria

Gracias al cambio aprobado en este Consejo de Ministros, se permite acceder a la prestación a las trabajadoras y trabajadores cuyo contrato se extinguió durante el período de prueba, desde el 9 de marzo.

También se accederá a prestación cuando el trabajador o la trabajadora haya rescindido su contrato laboral por baja al tener otra oferta y esta, finalmente, no se haya materializado a causa de la pandemia.

Inspección de Trabajo

Se suspenden los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el Covid-19.

Se refuerzan los mecanismos de control y sanción recogidos en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, configurándose una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE.

La responsabilidad empresarial implicará en este supuesto la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.

Fuerza mayor parcial

La fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa. Como consecuencia, se diferenciarán los trabajadores que realizan las labores denominadas esenciales por las autoridades sanitarias y los que no en una empresa determinada.

Trabajadores autónomos

Los trabajadores y trabajadoras autónomas tenían de plazo hasta el mes de junio del 2019 para realizar la opción por alguna Mutua colaboradora con la Seguridad Social para la gestión de determinadas prestaciones de Seguridad Social. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno permite que, los que se dispongan a realizar la solicitud de cese de actividad, puedan optar al mismo tiempo por una mutua. El proceso garantiza que la nueva entidad les pueda reconocer el derecho y facilitar su tramitación.

Igualmente, también podrán solicitar la prestación de la Incapacidad Temporal a partir de ese momento también en la Mutua por la que opten.

Economía Social

De manera extraordinaria, el Fondo Obligatorio de Educación y Promoción de las cooperativas podrá dedicarse, durante un periodo limitado, a cualquier acción que contribuya a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Será posible hacerlo mediante acciones propias, donaciones a entidades públicas o privadas o la dotación de liquidez a la propia cooperativa. Se establece la devolución de dicho fondo en el plazo de diez años.

De forma temporal y extraordinaria, se flexibilizan los requisitos que permiten a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada la calificación de sociedad laboral para evitar que se vean privadas de esta calificación por las consecuencias de la crisis sanitaria. En concreto, se amplía el período preceptivo actual de 36 meses durante un año más.

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