ARGELIA.
Al entregar este informe Derechos Humanos Sin Fronteras se hace un deber aclarar que su texto se encuentra dividido en 2 partes porque ambas están relacionadas con sucesos ocurridos en el mismo territorio geográfico: Argelia.
En la primera parte entregamos nuestra valoración y estudios sobre distintas áreas en que estimamos, de acuerdo a los antecedentes señalados, sobre el estado de los derechos humanos en Argelia, como país.
La segunda parte se refiere al Sahara, donde existen denuncias concretas sobre atropellos a los DDHH en los campos de refugiados situados en la zona geográfica de Tinduf, dentro del territorio de Argelia y, como tal, corresponde al gobierno y autoridades de este país responder por lo que ocurre en su territorio y a sus tribunales de justicia procesar y condenar a quienes cometen delitos o violan los derechos humanos.
El informe completo se encuentra a disposición de quienes quieran verlo en nuestro sitio: www.dhsinfronteras.org
Buenos Aires, Septiembre de 2020.-
Argelia.
La República Argelina Democrática y Popular es parte de cincuenta y cuatro países que forman el continente africano, limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger y Malí, al suroeste con Mauritania y al oeste con Marruecos. Argelia con Túnez, Mauritania, Libia y Marruecos son los países que integran la zona conocida como Magreb. Se define como un país musulmán y es miembro de la Unión Africana y de la Liga Árabe. En materia de derechos humanos, tiene compromisos con siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, los cuales ha firmado o ratificado.
En los últimos años el país ha sido estremecido por masivas protestas que reclaman cambios en política interna y la administración del estado, en cuyo proceso se han confirmado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército en contra de civiles desarmados.
Durante el año 2019 “Las fuerzas de seguridad respondieron al masivo movimiento de protesta Hirak con medidas como uso excesivo o innecesario de la fuerza para dispersar algunas manifestaciones, detención arbitraria de cientos de manifestantes y enjuiciamiento e imposición de penas de prisión a decenas de personas en virtud de disposiciones del Código Penal tales como “atentado a la integridad del territorio nacional” e “incitación a una concentración no armada”. En este proceso se prohibieron las actividades de varias asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, a las que relaciona con las protestas del Hirak. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes subsaharianas, algunas de las cuales fueron trasladadas a la fuerza al extremo sur de Argelia, mientras que otras fueron expulsadas del país. “Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres participaron activamente en el movimiento Hirak para pedir que se pusiera fin a todas las formas de violencia por motivos de género y se derogara el Código de Familia, que discriminaba a las mujeres en relación con la herencia, el matrimonio, el divorcio y la custodia y tutela de los hijos e hijas. Se restringió el derecho a crear sindicatos, cuestión denunciada ante la OIT y Se dictaron sentencias de muerte.
El movimiento de protesta conocido como Hirak y millones de argelinos y argelinas participaron en manifestaciones mayoritariamente pacíficas en ciudades de todo el país para pedir “la destitución de todas las personas” vinculadas al poder establecido. “El 2 de abril, Abdelaziz Buteflika dimitió como presidente tras 20 años en el poder. En mayo, la policía detuvo a decenas de figuras del ámbito político y empresarial por delitos de corrupción y en septiembre los tribunales comenzaron a imponerles penas de prisión”. Pese a la fuerte oposición del movimiento de protesta, el presidente en funciones Abdelkader Bensala creó en julio un comité de seis miembros para supervisar un diálogo nacional, y en septiembre anunció elecciones presidenciales, que se celebraron el 12 de diciembre.
En noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre las libertades en Argelia en la que se pedía al Servicio Europeo de Acción Exterior, la Comisión Europea y los Estados miembros que apoyaran a grupos de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes, con medidas tales como el envío de observadores, la organización de visitas a prisiones y la presencia de organismos de los DDHH para la observación de juicios.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
En general, las autoridades permitieron que las protestas del Hirak se celebraran todos los viernes en la capital del país, lo que supuso un cambio respecto a la prohibición de las manifestaciones en la ciudad, vigente de facto desde 2001. Sin embargo, en febrero, las fuerzas de seguridad usaron fuerza, con balas de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua y porras— para dispersar protestas pacíficas en Argel y otras ciudades. El 19 de abril, Ramzi Yettou murió en el hospital tras haber sido golpeado por la policía cuando regresaba a su domicilio después de haber asistido a una manifestación. Agentes de la policía, a menudo vestidos de civil, “detuvieron de forma arbitraria a cientos de participantes en manifestaciones pacíficas y en muchos casos les confiscaron el teléfono para limitar la cobertura de las protestas”. A partir de junio, los tribunales enjuiciaron a más de una centena de manifestantes por cargos relacionados con opiniones que habían expresado de manera pacífica sobre las protestas del Hirak o en el curso de ellas. Decenas de estas personas fueron condenadas a prisión. Entre junio y julio, los fiscales acusaron a más 34 personas de “atentado a la integridad del territorio nacional” sólo por sostener o llevar la bandera amazigh en una manifestación. En octubre y noviembre, los tribunales impusieron penas de hasta 18 años de prisión a personas detenidas.
En septiembre se acusó a más de 24 activistas de “incitación a una concentración no armada” y “atentado a la integridad del territorio nacional” sólo por participar pacíficamente en manifestaciones, llevar carteles o publicar fotos de los carteles o mensajes en Internet. En noviembre, coincidiendo con la campaña de las elecciones presidenciales, se notó un aumento considerable de la represión hacia los disidentes. Según cálculos de organizaciones de derechos humanos sobre el terreno, sólo entre el 17 y el 24 de noviembre fueron detenidas al menos 300 personas.
El eurodiputado búlgaro Ilhan Kyuchyuk, recordando que el 29 de marzo, el periodista independiente argelino Khaled Drareni, corresponsal de la asociación “Reporteros sin fronteras” en Argelia, había sido encarcelado, solicito al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, una respuesta sobre este caso y qué medidas piensa tomar la UE para inducir a las autoridades argelinas a respetar la libertad de expresión. Argelia ha estado en el centro de duras críticas del Parlamento Europeo por los abusos cometidos por el régimen contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas. En una declaración conjunta emitida el 26 de marzo, la presidenta del subcomité de derechos humanos, María Arena y la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países del Magreb, Andrea Cozzolino denunció el “hostigamiento judicial” del que es víctima el activista argelino de derechos humanos Karim Tabbou, particularmente en el contexto de la pandemia de coronavirus. Los presidentes de los dos órganos del Parlamento Europeo también cuestionaron al alto representante de la UE, Josep Borrell, a través de una pregunta prioritaria, solicitando una intervención inmediata para liberar a Tabbou, así como a todos los presos de conciencia en Argelia. Recordaron en esta ocasión que al menos 173 personas aún están en espera de juicio por haber participado en las protestas pacíficas de Hirak, en las que solicitan al Ejecutivo europeo sobre las palancas que la UE tiene para pedir a las autoridades argelinas que liberen a los detenidos
Durante 2019 se detuvo y se interrogó a numerosos periodistas de Argelia que informaban sobre las protestas del Hirak y también se expulsó posteriormente a cuatro periodistas extranjeros que realizaban la misma labor. Ahmed Benchemsi, director de Trabajo de Incidencia y Comunicación de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África fue detenido el 9 de agosto mientras actuaba como observador de una manifestación, estuvo recluido y posteriormente expulsado del país. A partir de junio, las autoridades interrumpieron con frecuencia el acceso a los sitios web de noticias independientes para censurar la información sobre las manifestaciones. En este periodo los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de ataques y amenazas.
La fuerte represión a medios independientes, se ha visto agravada por acusaciones en contra de las autoridades argelinas de distribuir noticias falsa a través de su agencia oficial. El portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, ACNUDH, Rupert Colville, declaró que las informaciones entregadas por esta agencia eran inexactas, especialmente algunas difundididas días antes: “Las informaciones contenidas en el artículo -ampliamente difundidas por otros medios de comunicación en Argelia y en otros lugares- fueron completamente fabricadas de principio a fin”. Sobre la difusión de una noticia falsa firmada por un presunto miembro de la oficina de la ONU para los derechos humanos declaró Colville. “No existe ningún órgano de las Naciones Unidas relativo a los derechos humanos con este nombre y no hemos podido identificar a ningún miembro del personal o experto independiente de la ONU con el nombre de Issam Al Muhammadi”? agregó.
Posteriormente, una segunda historia que adopta un punto de vista opuesto fue publicada por el sitio de un medio de comunicación en línea llamado Algérie Part. Este artículo identificó el comunicado de la APS como falso, pero con detalladas citaciones de una entrevista que pretendía haber realizado a otro portavoz del Alto Comisionado, subraya el ACNUDH. “Si efectivamente el portavoz se hubiera entrevistado brevemente con varios periodistas, las citaciones que le atribuyeron por Algérie Part fueron, sin embargo, en gran parte inventadas”, lamenta el Alto Comisionado. El desmentido refleja la preocupación de este organismo por la violenta represión a la libertad de prensa en este país, llegando al extremo que motiva la denuncia pública por difusión de noticias falsas a través de su agencia oficial de noticias en Argelia.
Prisión política, tortura y malos tratos
Kamel Eddine Fekhar, ex presidente de la sección de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ciudad de Gardaya, fue detenido el 31 de marzo junto con otras personas por comentarios publicados en Internet. Comenzó una huelga de hambre, a causa de la cual murió bajo custodia el 28 de mayo. El Ministerio de Justicia anunció una investigación sobre su muerte, pero no ha dado a conocer públicamente las conclusiones. Un tribunal militar condenó en septiembre a Louisa Hanoune, jefa del Partido de los Trabajadores, a 15 años de prisión por “conspirar” contra el ejército tras haberse reunido a finales de marzo con dos ex militares y el hermano del ex presidente Buteflika para debatir la situación política del país. Las autoridades de Argelia siguieron dejando a numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos en una situación jurídica incierta al no aceptar solicitudes de inscripción en el registro especial para estos efectos con el fin de que sus actividades se desarrollen dentro de la legalidad. Todas ellas fueron presentadas conforme a la Ley de Asociaciones, las que no han sido aceptadas. A comienzos de año el periodista Adlène Mellah denuncio que tras haber sido detenido, unos gendarmes lo habían golpeado, sometido a simulacros de ahogamiento e introducido en la boca un trapo mojado en lejía. Las autoridades se negaron a investigar sus denuncias de tortura. Según fuentes calificadas, los activistas del Hirak detenidos Chems Eddine Brahim Lalami, Sofiane Babaci y Younes Rejal fueron golpeados bajo custodia en noviembre. Karim Tabbou, líder del partido Unión Democrática y Social, estaba recluido en régimen de aislamiento prolongado al concluir el año, tras haber sido detenido en septiembre por criticar públicamente al jefe de ejército.
Libertad de religión o de creencias
Las autoridades de varias regiones del país ordenaron el cierre de nueve iglesias cristianas por considerar que no cumplían un decreto de 2006 sobre “cultos no musulmanes” ni las normas de seguridad. En junio, un tribunal de la ciudad portuaria de Mostaganem, en el noroeste del país, impuso a un cristiano una condena de prisión condicional y una multa de 100.000 dinares argelinos (unos 840 dólares estadounidenses) por celebrar una reunión de oración en su domicilio. En otro caso, se impuso una multa de 50.000 dinares (unos 420 dólares) a Amar Ait Ouali por celebrar un servicio religioso en terrenos de su propiedad en un pueblo cercano a Akbou, localidad de la región de la Cabilia, al este de Argel, tras el cierre forzoso de la iglesia local en octubre de 2018. En octubre, la policía irrumpió en el mayor templo protestante de Argelia, la Iglesia del Evangelio Completo, situada en Tizi Uzu, una ciudad de la Cabilia, y lo cerró. Los agentes agredieron a las personas que se encontraban en el templo y obligaron a marcharse a unas 15. Al día siguiente, la policía clausuró dos iglesias más en la provincia de Tizi Uzu.
Migrantes
Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes subsaharianas. Algunas fueron trasladadas a la fuerza al extremo sur de Argelia y otras fueron expulsadas del país. Según una organización internacional que vigilaba la situación sobre el terreno en Argelia y en Níger, entre enero y noviembre fueron expulsadas casi 11.000 personas, la mayoría procedentes de Níger.
Derechos de la mujer
Los grupos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres participaron activamente en el movimiento Hirak para pedir el fin de todas las formas de violencia por motivos de género y mayor igualdad de género. Pedían la derogación del Código de Familia, que discriminaba a las mujeres en relación con la herencia, el matrimonio, el divorcio y la custodia y tutela de los hijos e hijas, así como la aplicación efectiva de la legislación aprobada en los últimos años, como por ejemplo la ley de 2015 que había modificado el Código Penal para penalizar la violencia contra las mujeres. El Código Penal seguía conteniendo una “cláusula de perdón”, que permitía a los violadores evitar la condena si eran perdonados por su víctima, y no reconocía explícitamente la violación conyugal como delito.
Lesbianas, gays, transgénero (LGBTI)
El Código Penal tipifica las relaciones homosexuales como delito, penado entre dos meses y tres años en algunos casos. Un activista perteneciente a un grupo LGBTI argelino dijo que “esas disposiciones, aunque ahora se utilizaban menos que en el pasado, hacían que las personas LGBTI se sintieran vulnerables y servían para presionar a las que eran víctimas de delitos a fin de que retiren sus denuncias”. En diciembre, el entonces ministro de Interior llamó “traidores, mercenarios y homosexuales” a quienes participaban en las manifestaciones contra la celebración de las elecciones presidenciales, lo que causó molestia y rechazo en organizaciones LGBTI a nivel internacional.
Derechos laborales
El Código de Trabajo ha seguido restringiendo indebidamente el derecho a crear sindicatos, al limitar las federaciones y confederaciones sindicales a un único sector laboral y permitir crear sindicatos sólo a personas nacidas en Argelia o que tuvieran la nacionalidad argelina como mínimo desde hacía 10 años, como también restringir el financiamiento o ayuda extranjera a los sindicatos. Las autoridades continuaron negando la inscripción legal de la Confederación Autónoma General de Trabajadores Argelinos, organización de carácter independiente y multisectorial que había presentado su solicitud por primera vez en 2013.
Pena de muerte
De acuerdo a la nueva constitución de Argelia aprobada en 1982 la pena capital se encuentra plenamente vigente, a pesar de la fuerte oposición que manifiestan algunos sectores dentro y fuera del país. El Gobierno ha justificado su mantenimiento por considerar que esa pena es necesaria en el caso de crímenes como el espionaje o la colaboración con el enemigo. Algunos diputados habían presentado una enmienda al proyecto de Código Penal, por la que se abolía la pena de muerte, en base a consideraciones humanitarias. Uno de los parlamentarios mantuvo la tesis de que la pena capital contradice los derechos del hombre, sin hablar de caracteres religiosos.
El presidente de la Liga Argelina por la Defensa de los Derechos Humanos, Noureddine Ben Ysaad, informó que el número de casos de pena capital registrados y pendientes de ejecución alcanza los 700, pero la mayoría de ellos se encuentran congelados.
En un seminario organizado para analizar esta situación, los participantes fueron informados de que en numerosos países de mayoría musulmana se ha abolido ya la pena de muerte, entre ellos Turquía, Yibuti, Senegal y Albania. En otros, como Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Mali o Níger, ésta se encuentra “congelada”, con tendencia hacia la desaparición. Por otra parte, un informe de 2017 clasifica a Argelia entre los países en los que la pena de muerte no acaba ejecutándose, dado que en los últimos 10 años nadie ha sido ajusticiado.
Con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, se lanzó una campaña de concienciación a favor de la abolición de la pena de muerte. En los vídeos publicados por redes sociales, expertos y activistas por los derechos humanos argumentan a favor de la abolición. Uno de los dirigentes “históricos” del Frente de Liberación Nacional argelino, Rabah Bitat, admitió que “el tema de la pena capital constituye en Argelia un problema real, sobre el que tarde o temprano habrá que adoptar una posición en favor de su abolición”.Pero en el estado actual de la, sociedad argelina, la abolición supondría una revisión profunda del Código Penal, cuestión que el Gobierno no está dispuesto a realizar. El rigor de esas disposiciones emana, en opinión del ministro argelino de Justicia, de la “necesidad” de evitar caer en “excesos de clemencia”. La fórmula, por diplomática que parezca, no impide confirmar que, en la práctica, el texto adoptado por los diputados argelinos es más duro que el que existía con anterioridad. La responsabilidad de esa dureza se atribuye a la acción personal de algunos dirigentes o autoridades consideradas “integristas”, quienes, además, han sido los responsables del proyecto de nuevo código de la familia, objeto de manifestaciones de protesta por parte de organizaciones feministas y centenares de mujeres argelinas.
Conclusión:
No ha sido fácil para DHSF elaborar este informe, en cuyo transcurso se han recibido todo tipo de sugerencias y presiones para alterar su texto o, simplemente no darlo a conocer, lo que ha sido rechazado por Derechos Humanos Sin Fronteras pues nuestra tarea, como organización responsable y comprometida con la defensa de los DDHH es dar a conocer la verdad de lo que ocurre, en cuyo contexto valoramos los recientes pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para los DDHH en el sentido de pedir investigación sobre personas cuyos derechos han sido atropellados en Argelia y la denuncia pública en contra de la agencia informativa oficial de Argelia por entregar noticias falsa en lo referente a derechos humanos. DHSF intensificara los contactos dentro de este país con organizaciones de la sociedad civil preocupadas de los DDHH, haciendo ver a las autoridades que corresponda sus conclusiones e informes.
Parte 2: SAHARA
A modo de introducción.
La recopilación de antecedentes sobre el estado de los derechos humanos en el llamado Sahara Occidental no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a quienes nos preocupa el atropello y violación de estos derechos en los llamados campos de refugiados de Tinduf, como también a los que, con un dogmatismo ideológico del siglo pasado, consciente o inconscientemente, se prestan para justificar y por lo cual también son cómplices, de los atropellos, delitos y violaciones que ocurren en ese lugar, causando, entre otros efectos, el atraso en la publicación de este informe que, después de escuchar a todas las partes, aborda las denuncias presentadas ante organismos responsables por la violaciones que ocurren en campamentos controlados y administrados por el frente Polisario en territorio de Argelia, vulnerando acuerdos internacionales en materia de DDHH que este país ha firmado y se ha comprometido a respetar, por lo cual debe asumir, también, su responsabilidad por las violaciones que se cometan en su territorio, lo que ha sido denunciado en tribunales de justicia, organismos internacionales y la oficina de la alta comisionada para los DDHH de la ONU por familiares de las víctimas y la Asociación Saharaui para los Derechos Humanos (ASADEDH).
Se nos dijo que el problema del Sahara no se había resuelto porque Marruecos bloqueaba la realización de un referéndum, cuestión imprecisa y ajena a la verdad puesto que, de acuerdo a nuestras conclusiones, el problema reside en que, desde la instalación de los campamentos en 1975, Argelia y el frente polisario han impedido que la oficina de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, realice un censo en la población de los campamentos, para conocer la cantidad exacta de personas que los habitan y, con ello, obtener status de refugiados. Al impedir este referéndum, tanto Argelia como el polisario, limitan los movimientos de los saharauis que, con ese status y a través de ACNUR, hubiesen obtenido “pasaporte o título de viaje”. De acuerdo a lo expresado por el presidente de ASADEDH, esto se hace “para engordar las cifras de la población y así recibir de los organismos internacionales más ayudas o subvenciones”.
La solución del llamado “conflicto del Sahara” corresponde resolverlo, como vecinos y hermanos, a Marruecos y Argelia, sin intervención de terceros ni injerencia extraña de ningún tipo, pues se trata de países reconocidos como tales por Naciones Unidas, excluyendo de estas conversaciones al grupo que, de acuerdo a denuncias concretas y en ese territorio, hace del drama humano un negocio, donde se han violado los derechos humanos de gran número de saharauis, con denuncias públicas sobre secuestro, utilización indebida de menores, violación de mujeres y robo de ayuda humanitaria, asuntos que investiga y debe resolver la justicia. A DHSF no le corresponde opinar sobre política interna de los países y reconoce como tales, a quienes reconoce Naciones Unidas. Nuestra tarea es velar por el respeto a los DDHH bajo cualquier circunstancia, lo que hemos hecho en el Sahara donde, sin hacer discriminaciones de ningún tipo, hemos elaborado este informe sobre los derechos humanos en Argelia, país donde, con el respaldo de su gobierno, un grupo armado y separatista violenta estos derechos en su territorio.
DONDE COMIENZA.
El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara, de finales de la década de 1960, dirigido por Mohamed Sidi Brahim Basir, que desapareció a manos de la policía territorial española en una insurrección en 1970 en El Aaiún, en la que varios saharauis fueron abatidos por la Legión Española durante la dictadura de Franco.
Varios grupos de saharauis (estudiantes en Marruecos, trabajadores y soldados del Sáhara español, refugiados de Mauritania) formaron el 10 de mayo de 1973 en Zuérate (Mauritania) el Frente Polisario, con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español. Su primer secretario general fue Brahim Gali. Desde 1975, la organización se estaciona en Tinduf, territorio argelino.
El 27 de febrero de 1976, el Polisario proclama desde Bir Lehlu (Sahara Occidental) la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y a El Uali como su primer presidente, considerándose por muchos países un gobierno en el exilio. El 8 de junio de 1976, alrededor de 200 guerrilleros saharauis atacan Nuakchot, la capital mauritana. El Uali estaba entre ellos y muere al día siguiente de este enfrentamiento.
Todos los antecedentes indican que esta era una causa bien inspirada pero que, en el curso de los años fue tergiversada y controlada por un grupo dirigente que transforma su principal recinto, los campamentos de Tinduf, en un gran negocio, del cual viven y profitan, donde, para mantenerse en el poder y administrar el grupo, han cometido terribles violaciones a los derechos humanos, han encarcelado y asesinado a sus propios integrantes y la disidencia ha sido brutalmente atacada y perseguida. El último tiempo y desde el interior del Polisario han surgido voces denunciando atropellos y se han creado organizaciones que denuncian estas violaciones, siendo una de las más activas y destacadas la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), que ha cumplido su tarea en forma eficaz dando a conocer los abusos que se cometen en los campamentos, además de presentar en tribunales y cortes internacionales de justicia los antecedentes, testimonios y pruebas para que los responsables de estos crímenes sean procesados y condenado.
En abril de este año surge el Movimiento Saharaui por la Paz, cuyos fundadores “cuadros políticos y militares”, fueron parte del Polisario donde, al confirmarse crímenes y delitos comunes cometidos por su directiva, además de no permitir democracia interna y, por el contrario, aplicar el añejo “centralismo democrático”, de los tiempos de guerra fría, en cuyo contexto ha incumplido de forma grave los objetivos planteados en el proyecto inicial de 1975, motiva su alejamiento para a dar forma a un nuevo referente que, desde el primer día, se ha propuesto encontrar una solución al conflicto del Sahara y, con ello, poner fin al sufrimiento de quienes viven en los campamentos, procediendo, posteriormente, al enjuiciamiento de quienes han sido autores o cómplices de crímenes que violentan los derechos humanos, además de otros delitos, como robo de ayuda humanitaria, secuestro y tráfico que investiga la justicia de España. La propuesta del MSP incluye, de manera destacada, una condena expresa a quienes violan los DDHH, lo que es muy esperanzador para quienes, a través del mundo, exigimos y luchamos por el respeto a estos derechos en todo lugar y bajo cualquier circunstancia.
Denuncias por violación de los derechos humanos.
En diciembre de 2007 la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional de España en contra de un grupo de dirigentes del frente polisario y de “cinco oficiales argelinos, a los que acusa de violaciones de los Derechos Humanos, como torturas, desapariciones, asesinatos y detenciones ilegales, cometidas en los campamentos de refugiados de Tinduf”. Al ser presentada esta querella se afirmó que “Son casos que pueden ser probados, pues contiene abundante documentación y una lista de víctimas para fundamentarlos, donde se incluye torturas, desapariciones, asesinatos y detenciones ilegales, prácticamente todo el catálogo que el código de justicia penal español establece como violación de Derechos Humanos”.
El presidente de ASADEDH, Ramdan Mesaud, manifestó que “entre los querellados figura el actual representante del Frente Polisario en España, Brahim Gali, al que se acusa de haber participado directamente en torturas, detenciones ilegales y otros actos represivos en su calidad de ministro de Defensa del auto constituido gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)”.Entre los denunciados se encuentran, además, destacados dirigentes del polisario, como el ministro saharauis de Información, Sidahmed Batal, y Educación, Bachir Mustafá Sayel -ambos a cargo entonces de los servicios de seguridad de la RASD, además de cinco altos oficiales argelinos, a los que se acusa de complicidad de “violaciones de Derechos Humanos cometidos en territorio bajo su soberanía”, dijo Mesaud en referencia a los campamentos de Tinduf, situados en el territorio de Argelia.
TESTIMONIOS.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Real Consultivo para Asuntos de Sáhara Occidental (CORCAS) en Marruecos, Baida El Houcine -incorporado en 1975 al Frente Polisario “convencido de la independencia del Sáhara”-, afirmó que pasó seis años y medio encarcelado en Tinduf, “en condiciones inhumanas” y sin saber cuál había sido su “pecado”, salvo “opinar diferente de la dirección del Polisario”. Asimismo, aseguró que durante su periodo de reclusión fue visitado a la cárcel por el “torturador” Brahim Gali.
“Somos las víctimas olvidadas de este conflicto”, declaró por su parte Dahi Agay, presidente del Comité de Desaparecidos de Tinduf. Agay, miembro fundador del Frente Polisario, fue detenido en enero de 1975 y, siempre según su testimonio, estuvo “esposado de pies y manos desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche”, antes de ser trasladado a una “cárcel clandestina”. “Nosotros habíamos condenado los ametrallamientos contra pesqueros canarios ordenados por el actual representante y entonces ministro de Defensa, Brahim Gali”, prosiguió. “Él fue quien me detuvo, y con él había varios elementos de la seguridad argelina”, aseveró. Entre sus compañeros de prisión, aseguró, había “antiguos legionarios españoles que también están desaparecidos”. En Tinduf hay “800 desaparecidos nacidos bajo bandera española”. “Madrid es nuestra capital y esperamos que sea también la capital de la justicia”, manifestó. “Si el Polisario tiene la cara de desmentir lo que decimos que lo haga, estamos dispuestos a escucharles lo que digan, pero nadie puede discutir que he estado en la cárcel”, manifestó.
Otro importante testimonio es el de Saadami Maleimin, hija de El Waly Sheij Slama, el cual, aseguró, fue “encarcelado sin ninguna razón, porque a todos los que estaban contra el Polisario, tenían cultura o formaban parte de familias nobles había que encarcelarlos y matarlos”. “Mi padre fue el único torturado en público”, recordó Malaimin, En 1982, cuando ella tenía seis años de edad y no había conocido todavía a su padre, fue obligada a presenciar junto a su madre la tortura y humillación pública infligidas a su padre delante de numerosas personas “a las que no culpo, porque también eran víctimas”. “Mientras lo torturaban, mi madre me decía: ‘tu padre es bueno, no hizo nada malo’”, relató, con lágrimas en los ojos. El Waly Sheij Slama figura entre los desaparecidos.
La cárcel de Rashid, cerca de Tinduf en territorio de Argelia
Rashid, es un nombre propio y común entre los árabes que hace referencia a las virtudes de la razón como fuente del conocimiento y de la conducta humana. En los últimos años y para muchos saharauis y sus familias significa el nombre de un lugar tenebroso en el sur de Argelia, cerca de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Allí se levanta una cárcel secreta donde cientos de personas han sido torturados, humillados, pisoteados y sometidos a todo tipo de violaciones, donde muchos murieron o fueron, asesinados a sangre fría, hechos desaparecer y enterrados en alguna parte desconocida del desierto. Son las víctimas de la leyenda negra del polisario. Los supervivientes agonizan aún, les mantiene vivos su apego a la causa por la que lucharon y el deseo de borrar los estigmas que arrastran. Ellos, junto a hijos, hijas, viudas de quienes perecieron claman justicia”. Durante los últimos meses, los testimonios de algunos supervivientes del infierno de Rashid han ocupado la atención de la opinión pública, logrando que importantes instituciones, la ONU entre otros, se pronuncien y condenen estos atropellos.
Sobre esta cárcel un testigo dice:
“Todos pudimos descubrir, a través de relatos, hechos y prácticas increíbles, historias de horror y de supervivencia humana propias de novelas de ficción. Las torturas y humillaciones sufridas por nuestros compatriotas en la cárcel secreta de Rashid alcanzaron extremos de crueldad inauditos. Nunca pudimos imaginar que, cerca de nosotros, a escasos metros de donde estábamos librando una lucha por la vida y la dignidad de nuestro pueblo, cientos de hermanos y compañeros, injustamente acusados, fueron confinados en agujeros y túneles subterráneos donde por años sufrieron los más degradantes e inhumanos tratos en nombre de nuestra causa y a manos de algunos de nuestros dirigentes. Por muchas excusas y argumentos que se puedan esgrimir para justificar lo sucedido, nada podrá calmar nuestra indignación, ni tranquilizar nuestras conciencias. Todos nos sentimos heridos y ultrajados en nuestra dignidad y honor, todos nos sentimos víctimas de la peor ignominia como seres humanos y, como saharauis, nos sentimos moralmente culpables y en deuda mientras no honremos la inocencia y dignidad de las víctimas, mientras no apartemos y juzguemos a los responsables de tan horrendos e imperdonables crímenes” y agrega: “Después de las recientes revelaciones ya no puede haber excusas para quienes se escondían detrás de un supuesto desconocimiento de lo sucedido. Ha quedado evidente de que se trató de una masacre planificada y ejecutada con premeditación por un grupo de altos responsables y sus subordinados”.
Aminatou Haidar, CODESA y DDHH.
Durante un tiempo se dijo que: “Aminatou Haidar ha luchado incansablemente por la autodeterminación del Sáhara Occidental y que, debido a este compromiso, fue encarcelada y torturada varias veces”.
Tomamos nota de que Haidar considera al frente Polisario como “único representante de los saharauis”. También que, como presidenta de la organización CODESA, ha recorrido el mundo para “denunciar las violaciones de derechos humanos”. Con estos antecedentes el año 2019 la Fundación Light Livelihood le otorga el premio nobel alternativo “por su lucha en defensa de los derechos humanos”, ocasión en que se le bautiza como “Gandhi del Sáhara”, generando una gran sorpresa en medios vinculados a la defensa de los DDHH puesto que Haidar, en sus actividades, nunca ha condenado violaciones a los derechos humanos en Tinduf y tampoco hace referencia al secuestro de mujeres, desaparecidos, robo de ayuda humanitaria y otros delitos cometidos por el polisario.
Hace un año, Juan Carlos Moraga D, subdirector de DHSF en una entrevista otorgada a un medio chileno manifestó que “la Fundación Light Livelihood, creada como nobel alternativo por Jakob von Uexkull, para luchar por el medio ambiente, “ha desnaturalizado su objeto al ver que quienes otorgan los premios meten en una misma canasta a luchadores por el medio ambiente con quienes justifican atropellos a los derechos humanos, como es el caso de la señora Aminatou Haidar, que promueve el separatismo, además de justificar atropellos a los DDHH en campamentos situados en territorio argelino”.
Después nos enteramos que vive cómodamente en el país que denuncia y viaja por el mundo con pasaporte marroquí, sin consultar a los directivos de su organización de lo que hace y tampoco informar de los dineros que recibe, provocando, finalmente, que la mayoría de su directorio le pida cuentas, a lo que responde disolviendo la organización. Sobre esto DHSF emitió un comunicado que dice: “Las fuertes tensiones al interior del “colectivo de derechos humanos saharauis” (CODESA), organismo que no se reúne pero que emite declaraciones sin consultar a sus miembros y que tampoco condena los graves atropellos cometidos por el polisario en los campamentos de refugiados que controla en territorio de Argelia, han terminado por obligar a su presidenta, Aminatou Haidar, a comunicar la disolución de este grupo. DHSF ha denunciado las actividades irregulares de esta organización y el silencio de Haidar frente a denuncias de todo tipo en contra del frente polisario, preocupación que hemos hecho llegar a otros organismos internacionales y a la fundación sueca que otorgó el premio nobel de la paz alternativo a esta activista que reside en Marruecos y recorre el mundo denunciando “abusos” en su país, pero que guarda silencio frente a graves atropellos y otros delitos cometidos por quienes financian y promueven sus viajes”.
DHSF espera que este acontecimiento, que marca la diferencia entre quienes realmente defienden los derechos humanos y los que se sirven de estos, renueve las fuerzas de quienes luchan por su respeto en los campamentos de refugiados que controla el polisario en Argelia y que, el gobierno de este país, responda ante la ONU, los tribunales de justicia y organismos de DDHH por los abusos y delitos que este grupo comete en su territorio”.
DHSF lamenta la situación descrita y condena abiertamente la utilización de los derechos humanos para proteger, precisamente, a quienes los violan y viven de esta tragedia, como ha ocurrido en los campamentos de Tinduf. Sabemos también que altos dirigentes del FLN argelino comparten nuestras preocupaciones y que, al interior de su gobierno se ha tomado conocimiento sobre las consecuencias para Argelia por aceptar en su territorio los abusos y delitos del polisario en los campamentos de refugiados.
Ya no bastan las descalificaciones de sus dirigentes en contra de quienes, desde sus propias filas, denuncian los atropellos, cuestión que ha ido en aumento y nos permite ser optimistas en cuanto a la solución de este conflicto, lo que trae consigo el termino de los atropellos a los derechos humanos y una vida mejor para hombres, mujeres, niños y ancianos que han sido engañados, utilizados y abusados por un grupo que no tiene Dios ni ley, antecedente de lo que debiera tomar nota la señora Aminatou Haidar antes de correr la misma suerte de quienes, a través del mundo y en el Sahara, violan los derechos humanos.
Juicio en tribunales militares a disidentes del polisario.
En el mes de abril DHSF toma nota por información recibida desde la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) del procesamiento de los jóvenes: Abdelaziz Ennasri, Lehbib, Rguibi Mohamed y Aitousi Said, de un juicio militar en contra de 3 jóvenes secuestrados en agosto de 2018 bajo acusaciones de ser disidentes de este grupo armado. ASADEDH, en la ocasión denunciaba: “que se quiera enjuiciar a los 3 jóvenes cuando el mundo está preocupado por la crisis sanitaria, obedece a impedir que, en estas condiciones, puedan estar presente organizaciones internacionales de los DDHH para garantizar un juicio justo”.
Derechos Humanos Sin Fronteras, después de consultar con asesores legales y confirmar el contexto en que se realizaría este juicio, resolvió tomar parte en esta denuncia y declarar: “Que el mencionado proceso carece de legitimidad jurídica al efectuarse dentro de un país, Argelia, que es el encargado, a través de su propia institucionalidad jurídica, de administrar justicia en su territorio, sin permitir que en ello puedan intervenir terceros, en cuyo contexto, el llevar adelante un juicio sin las garantías mínimas del debido proceso y por tribunales ajenos a la institucionalidad del país en que se realiza, carece absolutamente de legalidad, permitiendo con ello que, esta grave denuncia, sea puesta en conocimiento de una corte internacional para que resuelva si Argelia cumple con los tratados internacionales sobre esta materia, especialmente lo referente a tribunales paralelos dentro de un país”.
Carta al presidente de Argelia.
La esposa de Jalil Ahmed, detenido desaparecido, redacto en los campamentos de Tinduf una carta al presidente de Argelia que dice:
Me dirijo a su usted en calidad de ciudadana de los campos de refugiados saharauis, después de doce años de sufrimiento en silencio y paciencia.
Señor presidente,
Mis hijos y yo hemos pasado por condiciones excepcionales y difíciles en los campamentos saharauis durante los últimos doce años tras de la desaparición forzada de mi esposo, el Sr. Ahmed El Khalil Breih, en circunstancias misteriosas a principios del año de 2009 en Argelia, donde estaba en una misión oficial como asesor del Presidente de la República Saharaui, encargado de los derechos humanos.
Señor presidente,
La poca información oficial que recibimos por parte de las autoridades saharauis, meses después de la desaparición de mi esposo demostró que estaba detenido en la prisión militar de Blida. Su hijo mayor pudo visitarlo en 2011 y esta fue la única y última visita, a pesar de nuestros sucesivos y repetidos intentos de visitarle, a través de los canales oficiales.
Señor presidente,
Ninguna persona de las autoridades de la República Saharaui nos ha proporcionado información sobre la situación del Sr. Khalil Ahmed, o sobre las razones y condiciones de su detención. Además, en estos los últimos años hemos estado profundamente preocupados y tenemos dudas y temores por su integridad física.
“También quiero informarle, señor Presidente, que le hemos pedido a las autoridades de la República Saharaui y a los funcionarios de la Oficina de Enlace Militar de Argelia en Tinduf, en más de una ocasión, brindarnos las aclaraciones necesarias sobre su arresto y que si había disfrutado de todos sus derechos en un juicio justo, en el caso de que haya cargos en su contra. Sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras preguntas y demandas legítimas durante todos estos años. Por este motivo, Sr. Presidente, le escribo esta carta dos semanas antes de festejar la fiesta del Aid en condiciones difíciles marcadas por la propagación de la pandemia y sin la presencia de mi esposo, un hombre mayor que sufre de varios problemas de salud”.
Hecho en los campamentos de refugiados saharauis el 7 de julio de 2020.
Esta carta aún no tiene respuesta.
Presencia en Madrid de un torturador
La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) Denuncio, en octubre pasado la presencia en Madrid del dirigente del Frente Polisario, Bashir Mustafá Sayed, investigado por la Audiencia Nacional española por violaciones de los DDHH en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia, Sobre esto dice en una declaración: “Denunciamos de la presencia en la capital de España, de Bachir Mustafá Sayed, uno de los principales imputados e investigados por la Audiencia Nacional española en las graves violaciones de derechos humanos, como secuestros, torturas, asesinatos, etc. cometidas en los campamentos saharauis de Tindouf entre los años 1974 y 1988”.
En el texto, ASADEDH expresa su “decepción” por la “pasividad” de las autoridades “que fueron debidamente informadas de la presencia de este macabro personaje sobre suelo español” y lamentan que no haya sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. En el tribunal quedó constancia del escrito presentado por el abogado de ASADEDH, quienes solicitaron diligencias que, lamentablemente, no se cumplieron. En el escrito se lee:
“Que de fecha 7 de octubre del año en curso, solicitamos de este Juzgado cooperación JUDICIAL Y POLICIAL para que procedieran a la notificación de la querella, la toma de declaración y la emisión de orden de detención y entrega respecto de BACHIR MUSTAFA SAYED, todo ello por tener conocimiento esta parte de la presencia del mismo como Ponente de Honor de las Jornadas a las que asistiría en Madrid los días 11, 12 y 13 de octubre. Que esta parte pone en conocimiento del Juzgado al que tengo el honor de dirigirme que el investigado BACHIR MUSTAFA SAYED acudirá los próximos días 19 y 20 a la oficina de la comunidad Saharaui en España sita en Madrid la Calle Río Esmeralda Nº 4, Local 4 (28018 Madrid)”.
Es importante reiterar que el no cumplimiento de estas diligencias y que no se ejecute la detención del imputado, un violador de los derechos humanos, no solo se debe a negligencias, sino y claramente, a cierto grado de
complicidad que las autoridades españolas deben explicar.
DENUNCIA POR ROBO DE AYUDA HUMANITARIA
Gran impacto causó el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que confirma el mal uso de ayudas europeas para los campos de refugiados, lo que ocurre desde que llegan desde Europa por vía marítima al puerto argelino de Orán; delitos en los que están implicados altos cargos civiles y militares de Argelia y la cúpula del frente polisario.
El conocimiento público del robo de ayudas europeas para los refugiados de Tinduf, como denuncia el informe de OLAF, es la punta del iceberg de otros delitos. En el plano político el polisario ya no cuenta con el apoyo incondicional de Cuba, Venezuela y otros países. Con Argelia, su “aliado estratégico”, cada día aumenta el distanciamiento debido a que los delitos cometidos por este grupo comprometen al país como estado, donde es cada vez es mayor el número de sus autoridades que considera seriamente dar plazos al polisario para que resuelva la situación interna y cierre sus campamentos en Tinduf. La investigación que realiza la Audiencia Nacional de España por genocidio, asesinatos y otros delitos, cometidos contra la población saharaui, es un peso que en Argel no todos están dispuestos a cargar y tampoco pagar el costo político que ello, en el ámbito internacional, significa.
El titular del Juzgado central de instrucción 5 de la citada Audiencia admitió a trámite una querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la defensa de los DD.HH. (Asadeh) contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino. Entre los denunciados figuran el ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU, Mohamed Jadad, el ex agregado militar en la embajada de Argelia en Mauritania, Nabil Kadaour, y el ex embajador de Argelia en Rabat, general Omari. La querella se extiende también a responsables del Polisario como su fiscal Sidi Wagag; su ex ministro de Defensa, Brahim Ghali; o su ministro de Comunicación, Sidahmed Battal, así como varios responsables de las cárceles en Tinduf.
La realidad es que los campamentos, donde se ha probado la existencia de cárceles, se tortura y se vulneran sistemáticamente los derechos humanos con el beneplácito de Argelia y es público el enriquecimiento ilícito de los máximos dirigentes del Polisario, ha terminado por cansar a muchos, según han declarado miembros fundadores y de alto grado en el Frente de Liberación Nacional (FLN), quienes están convencidos que se debe terminar con esta situación, hoy más grave que nunca por la lucha interna dentro del grupo y la pérdida del miedo en los campamentos para enfrentar a sus represores, donde el robo de la ayuda humanitaria ha terminado por convencer a muchos que antes de estas denuncias nunca habían puesto en duda el liderazgo del polisario. El informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) ha sido demoledor al desnudar la corrupción y enriquecimiento de los dirigentes. Un diplomático argelino acreditado en Buenos Aires comentaba a la directora de DHSF que “las acciones delictuales del polisario han terminado por ponerle una lápida al grupo y, estas, no tienen por qué ensuciar el nombre de Argelia”.
