Carolina Darias destaca más de 60 medidas adoptadas y el refuerzo de los servicios públicos esenciales con más de 1.500 empleadas y empleados públicos durante el estado de alarma

España

La cogobernanza permanente se ha convertido en una cuestión estratégica para el Gobierno de España, con la determinación de que, más allá del COVID, siga siendo una herramienta imprescindible para el entendimiento con las administraciones territoriales 

Madrid- El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha adoptado, en los dos meses de estado de alarma, un conjunto de más 60 medidas con el objetivo de “salvar vidas”, proteger la salud de las personas y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Asimismo, ha reforzado servicios esenciales con más de 1.500 empleadas y empleados públicos. Así lo ha puesto de manifiesto la ministra Carolina Darias, que ha comparecido en Comisión, en el Congreso de los Diputados, para dar cuenta de las acciones del Ministerio durante la pandemia del COVID-19 y de su contribución al conjunto de medidas del Gobierno de España. 

“Esta pandemia nos está dejando muchas lecciones. Una es que las personas con responsabilidades públicas estamos obligadas a buscar un mínimo común de entendimiento, actuando de manera coordinada desde las distintas administraciones para hacer frente a la emergencia sanitaria y abordar la reconstrucción social y económica que necesitamos. Sin duda, el reto más importante de las últimas décadas”, ha afirmado la ministra, añadiendo que “es ahora cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar los Pactos de la Reconstrucción Social y Económica de este país”. 

En este sentido, se ha referido al compromiso de los empleados y empleadas públicas que, a pesar de las difíciles circunstancias, han hecho posible que todo siguiera funcionando. También a la fortaleza de las instituciones que, con aciertos y errores, han dado una respuesta acorde con las exigencias de esta crisis sanitaria, sin precedentes. Y ha resaltado que “el mejor baluarte en la lucha contra esta pandemia está siendo el comportamiento ejemplar de la ciudadanía”, que, con enorme sacrificio, impide la propagación del virus permaneciendo en sus domicilios, limitando sus salidas y actuando con responsabilidad. 

Recuerdo a las víctimas y reconocimiento al personal sanitario 

Darias ha comenzado su intervención en el Congreso expresando sus condolencias a las familias de las 27.321 personas fallecidas por el virus y compartiendo con sus familiares el dolor por su ausencia, porque “nunca es fácil despedir a un ser querido, menos en estas circunstancias en las que ni tan siquiera hemos podido llorarles. Les honraremos juntos como merecen”. 

Asimismo, ha señalado dos datos, uno para la esperanza, como es el de las 143.374 personas diagnosticadas que se han recuperado, y otro para la prudencia, el que refleja el resultado preliminar del Estudio Nacional Sero-Epidemiológico, según el cual, solo el 5% de la población española posee anticuerpos frente al coronavirus. 

Para todas las personas que cada día están actuando en primera línea para minimizar las consecuencias de la pandemia, la ministra ha tenido palabras de agradecimiento, en especial al personal sanitario, y a todos los empleados y empleadas públicas, porque su trabajo, compromiso y dedicación son “un faro” y “su dignidad, la razón de ser de este país”. 

Funcionamiento de las instituciones 

La ministra ha indicado que, desde el 14 de marzo, el Gobierno de España ha ido adoptando medidas para salvar vidas y mitigar el impacto social y económico, con un respetuoso equilibrio entre las exigencias derivadas de las medidas sanitarias, las necesidades propias de la actividad económica y el ineludible deber de respetar las libertades y derechos de la ciudadanía. 

“Nuestras instituciones durante el estado de alarma han sido sometidas a una durísima prueba de esfuerzo, con la única razón de ser de que todo lo que hemos venido haciendo es para salvar vidas. Tras el camino recorrido, nos vamos incorporando a una nueva normalidad en la que la cultura de protección personal tiene un lugar muy destacado, pues hemos vuelto a activar la vida social y económica, pero con la prudencia suficiente sabiendo que el virus sigue ahí”. 

La ministra ha apuntado que la situación actual pone de manifiesto la necesidad de acelerar algunas de las seis grandes transformaciones apuntadas por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, como son la transformación digital, el entendimiento territorial o la transición justa, además del afianzamiento del crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, la justicia social y la plena igualdad de la mujer. 

La organización del trabajo en un plazo corto de tiempo ha implicado un importante esfuerzo del personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en todo el territorio, de forma que las unidades han mantenido su trabajo ordinario de manera presencial y no presencial; se han activado nuevos mecanismos, fomentando las reuniones y encuentros no presenciales; se han organizado turnos y flexibilizado horarios. “Hemos tenido que anticipar medidas que formaban parte del itinerario de la legislatura y muchas de ellas han llegado para quedarse”. 

Durante este tiempo, se ha registrado un incremento de consultas telefónicas, por escrito y a través de las redes sociales sobre las diferentes normas publicadas, por parte de la ciudadanía, de órganos de gestión de los diferentes departamentos ministeriales y por otras administraciones públicas. 

Seis bloques de medidas del Ministerio de política Territorial y Función Pública 

La ministra ha presentado los seis bloques de medidas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública adoptadas en el ámbito de sus competencias: 

1.- Medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de la AGE para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad de la prestación de los servicios públicos. Ante la situación generada por la evolución del COVID-19, el 10 de marzo, la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública dictó una resolución en la que se adoptaron medidas de carácter organizativo aunando la protección de la salud de las empleadas y empleados públicos, con la adecuada prestación de los servicios públicos. Esta Resolución, y la posterior del 12 de marzo, complementaria de la primera, acordada y compartida con los representantes sindicales que integran la Mesa General de Negociación de la AGE, regulando las siguientes materias: 

✓ El personal al servicio de la AGE que se encontraba en situación de aislamiento por motivo del COVID-19, continuaba percibiendo el cien por cien de sus retribuciones. ✓ Para el personal con menores o mayores a su cargo, ante el cierre de centros, se establecieron medidas de flexibilización horaria y la permanencia en sus domicilios. ✓ Se priorizó la atención al público de manera telefónica y telemática. ✓ Se impulsó el uso de las videoconferencias. ✓ Se suspendieron las convocatorias de pruebas selectivas, salvo las relacionadas para hacer frente al COVID. 

Semanalmente, estas resoluciones se han monitorizado para comprobar la incidencia del COVID en los distintos departamentos ministeriales. Así, la ministra ha presentado los datos actualizados a 8 de mayo, que reflejan que hay 49.667 efectivos prestando servicio de manera presencial (27,71%), 111.472 mediante modalidades no presenciales (62,18%), y 3.163 en situación de aislamiento (1,76%). Además, se han celebrado 81.351 reuniones por videoconferencia. 

1.1) PLAN DE DESESCALADA 

De acuerdo con el Plan de Desescalada aprobado por el Gobierno de España, la ministra ha explicado que, para la recuperación progresiva de la normalidad en el ámbito laboral de la AGE, la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública dictó el 4 de mayo otra Resolución con las medidas a adoptar en los centros de trabajo, negociadas con las organizaciones sindicales, y entre las que figuran: 

✓ Prioridad de la prestación del trabajo en modalidades no presenciales, compatible con modalidades presenciales, valorando criterios sobre la naturaleza de las funciones a desarrollar, ubicación geográfica, colectivos vulnerables, y quienes se ocupan de personas menores o mayores afectadas por el cierre de centros. ✓ El trabajo no presencial no supondrá menoscabo de la jornada y horario ni de las retribuciones, debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario. ✓ No podrán incorporarse al trabajo los empleados y empleadas públicos en situación de incapacidad temporal, tengan o hayan tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID19 o hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas. ✓ Prioridad de la atención telefónica y telemática en servicios de atención al público. La atención presencial será con cita previa, se limitará el aforo, minimizando los riesgos para la salud. ✓ Establecimiento de flexibilización horaria. El horario de apertura de los centros de trabajo se podrá ampliar hasta las 21.00 horas. ✓ Se establecen varias fases de transición hacia la normalidad, de acuerdo con el Plan del Gobierno de España. ✓ En cada una de las fases se recomienda la reincorporación gradual de las personas imprescindibles, para que los sectores presten los servicios con normalidad y seguridad. ✓ Las empleadas y empleados públicos pertenecientes a colectivos definidos por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables no se incorporarán en las fases 0 y I. ✓ Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o videoconferencias, evitándose en lo posible las presenciales. ✓ Los cursos y actividades formativas se desarrollarán preferentemente por medios telemáticos. ✓ En cuanto finalice la suspensión de plazos administrativos, los procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario. 

Asimismo, el 22 de abril, la Secretaría General de Función Pública dictó una Instrucción con las líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales. La AGE, de acuerdo con los sindicatos integrados en la Mesa General de Negociación del art. 36.3 del TREBEP, en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, constituyó el 25 de marzo un grupo de trabajo de seguimiento del impacto del COVID-19 en su personal, desarrollando semanalmente su trabajo. 

1.2) Medidas para reforzar la prestación de los servicios públicos en áreas esenciales para hacer frente a la crisis. La crisis sanitaria por el COVID-19 en España ha provocado una sobrecarga en determinados servicios públicos esenciales, especialmente, en los sanitarios y de empleo. Por ello, se han adoptado medidas para reforzar el personal en estas áreas, con la autorización urgente de cupos de contratación de personal en determinados organismos y áreas esenciales. Se ha habilitado además la colaboración temporal de empleadas y empleados públicos en áreas y actividades distintas de las de su puesto de trabajo. 

a) Autorización de contrataciones de personal en áreas esenciales. Se han autorizado con carácter urgente la contratación de 1.540 empleadas y empleados destinados a: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Cuerpos de Médicos Titulares y Enfermeros Escala de OO.AA., servicios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. También para el Cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria; Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO). Además, se han reforzado los Cuerpos de Gestión, Administrativo y Auxiliar de la Administración Civil del Estado; Cuerpos Nacional Veterinario y de Ingenieros Agrónomos del Estado, Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) y el Centro de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior. Asimismo, se ha autorizado la contratación de personal laboral y estatutario para la Red Hospitalaria de Defensa y el Centro Militar de Farmacia. 

Además, se han autorizado 288 jornadas para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Instituto Social de la Marina, empresas del Grupo MERCASA, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. Se han reforzado también los medios humanos de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, con la puesta a disposición de expertos jurídicos para la Subsecretaría de Sanidad. 

b) Regulación de la posibilidad de colaboración de empleadas y empleados públicos en áreas y actividades, distintas de las de su puesto de trabajo. La disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, para hacer frente al COVID-19, prevé la posibilidad de que las empleadas y empleados públicos, sin alterar su situación administrativa, ni sus retribuciones o las condiciones de su contrato, puedan, voluntariamente, apoyar aquellas áreas y actividades, distintas de las de su puesto de trabajo, de carácter socio-sanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por la pandemia. En este momento, el número actual de empleados que se encuentran en esta situación es de 779. 

1.3 Medidas relacionadas con la selección y formación de empleados públicos. Se han celebrado 3.846 cursos no presenciales y 137 presenciales y se han aplazado 1.627 cursos. Los centros de formación de la AGE ya venían priorizando la formación online, lo que ha permitido disponer de una herramienta útil y eficaz para conciliar la situación de confinamiento con la continuidad de actividades. En cuanto a los procesos de selección, se han aplazado 185 pruebas selectivas. Los procesos selectivos en marcha antes de la declaración del estado de alarma, continuarán cuando la situación sanitaria lo permita. 

Ha detallado en este punto que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) continúa trabajando en el desarrollo de los procesos selectivos, con el objetivo de que, una vez superada la crisis sanitaria y recuperada la normalidad, puedan reanudarse con el menor perjuicio para los aspirantes. La suspensión de plazos ha servido en este sentido como instrumento para garantizar los derechos de los aspirantes. 

En lo que respecta a los cursos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018, Darias ha precisado que el INAP ha hecho un gran esfuerzo para realizarlos de forma telemática en aquellos casos en los que los opositores habían superado las pruebas y su asistencia era presencial. Se han reanudado por medios virtuales las actividades del curso selectivo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías. 

2.- Medidas destinadas a facilitar la cooperación territorial. 

2.1.- Conferencias de Presidentas y Presidentes. Se han celebrado 9 Conferencias, máximo órgano de coordinación entre el Gobierno, las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La ministra ha indicado que este ejercicio de cogobernanza permanente se ha convertido en una cuestión estratégica para el Gobierno de España con la determinación de que, más allá del COVID, siga siendo una herramienta imprescindible para el entendimiento. 

2.2.- Actuaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de Apoyo a las CC.AA. La ministra ha puesto en valor la labor en la coordinación de las actuaciones de los diferentes ministerios y con las administraciones, como la desarrollada para distribuir material sanitario (96 millones de unidades) en todos los territorios. Entre las actuaciones, ha mencionado las siguientes: 

✓ Informe diario sobre la incidencia del COVID-19 en los territorios, con información detallada sobre el número de trabajadores afectados o los problemas de desabastecimiento de productos de primera necesidad en los supermercados, en los primeros días de la crisis. ✓ Recopilación de las consultas procedentes de los territorios sobre la aplicación del Real Decreto 463/2020, así como la tramitación y gestión de las correspondientes respuestas y traslado de instrucciones y órdenes de las autoridades delegadas a los territorios. ✓ Constitución de centros de coordinación, con objeto de mantener un contacto diario con las comunidades autónomas y garantizar la colaboración. ✓ Seguimiento y contacto permanente con los jefes de los PIF, encargados del control de las mercancías que llegan a nuestros puertos y aeropuertos, procedentes de terceros países, encargados de la inspección para garantizar que cumplen con todas las garantías y evitar posibles riesgos sanitarios y fitosanitario. 

2.3.- Relaciones con las CCAA. Para poner medidas en común y compartir cuestiones de interés, desde el Ministerio se ha remitido a los representantes de las comunidades autónomas competentes en materia de función pública información sobre las medidas adoptadas en el ámbito del empleo público. La Comisión de Coordinación de Empleo Público se ha reunido dos veces por videoconferencia, para repasar las medidas adoptadas frente al COVID-19 y garantizar el funcionamiento de la administración pública y la prestación de los servicios públicos. Asimismo, están previstas en los próximos días convocatorias de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y de la Conferencia para Asuntos con la Unión Europea (CARUE). 

3.- Medidas para garantizar el funcionamiento democrático y eficaz de las Entidades Locales. “Las personas que están al frente de nuestros ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos insulares merecen nuestro reconocimiento por su papel protagonista en esta crisis sanitaria, al lado siempre de sus vecinos para ofrecer en cada momento los servicios que requieren”, ha subrayado la ministra. 

En la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias, se añadió un apartado al artículo 46 de la Ley 7/1985, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, para que, ante situaciones excepcionales que impidan o dificulten el funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, pueda constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos. 

4.- Seguimiento jurídico e informe sobre los proyectos normativos, disposiciones y actos del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. A través de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, el Ministerio sigue realizando el seguimiento jurídico y el informe sobre los proyectos normativos del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, acerca de su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias. 

La Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades ha analizado 20 normas autonómicas (14 han sido informadas sin observaciones; 5 están pendientes de informe o decisión y sólo una ha dado lugar a un procedimiento del art. 33.2 LOTC. Además, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad sobre determinados artículos del Decreto-Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2/2020, de 9 de marzo. 

5.- Medidas en el ámbito del mutualismo administrativo. En coherencia con lo establecido para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social por el Real Decreto-ley 6/2020, se establece también para el personal del régimen del mutualismo administrativo, que los periodos de aislamiento o contagio como consecuencia del COVID-19 tengan la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo. Asimismo, durante la vigencia del estado de alarma y para que los mutualistas de MUFACE y MUGEJU, que comiencen o continúen en una situación de incapacidad temporal, sigan percibiendo sus retribuciones, se han dictado normas para dar cobertura a la tramitación y abono de todas las situaciones de incapacidad temporal. Por otro lado, se han aprobado acuerdos con servicios de salud de las CCAA (Valencia, Galicia, Madrid, Baleares, Castilla y León y Canarias) para extender la receta electrónica. 

6.- Medidas que ayudarán a preparar la desescalada. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha comenzado a trabajar dialogando y colaborando con las organizaciones sindicales y las CCAA para las nuevas fases, ha agregado la ministra, que ha insistido en que todo el personal está volcado en la recuperación progresiva de la normalidad en el ámbito laboral de la Administración General del Estado. 

Serán las subsecretarías de cada ministerio, de acuerdo con los comités de prevención, las que implementarán las medidas a adoptar en los distintos departamentos. A partir de un marco general, se trata de garantizar la homogeneidad de las acciones para la reincorporación gradual y asimétrica de las empleadas y empleados públicos a los centros de trabajo de manera presencial, teniendo en cuenta la estructura territorial de cada departamento y la adaptación de las medidas a la evolución de la crisis. Medidas que aúnan la progresividad con las garantías de seguridad y salud para las empleadas y los empleados públicos en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de que los centros de trabajo implementen a su vez los protocolos, códigos de buenas prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública del Ministerio de Sanidad. 

El acuerdo con las organizaciones sindicales es un aspecto muy importante de las medidas adoptadas, las cuales establecen un marco general en la Administración General del Estado, que a su vez deberán ser desarrolladas para su aplicación los diferentes departamentos y organismos a través de las mesas u órganos de participación que correspondan. 

“Todas las instituciones públicas, empezando por la Jefatura del Estado, están dando lo mejor de sí, para trabajar juntas, con gran sentido de la responsabilidad y lealtad institucional. Es necesario que reconozcamos que este país ha sabido estar a la altura del enorme reto que supone esta pandemia”, ha asegurado la ministra, que ha insistido en que el Gobierno de España realiza un gran esfuerzo para mantener un difícil equilibrio entre las exigencias derivadas de las medidas sanitarias, las necesidades de la actividad económica y el ineludible respeto de las libertades y derechos de la ciudadanía. 

La acción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública está orientada en varias direcciones: incrementar la confianza de la ciudadanía en lo público y contribuir a mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas, para hacer efectivos los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida. De las muchas lecciones que nos está dejando esta pandemia, es el valor de lo público, de las instituciones y, especialmente, de los empleados y empleadas públicas que, en situaciones difíciles, están dando lo mejor de sí mismos. 

Ha recalcado también la necesidad de impulsar el desarrollo de nuestro Estado autonómico, de modo que la cooperación territorial se convierta en el mejor instrumento para favorecer la cohesión social. Como hizo en su intervención el 30 de abril en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, ha recordado que “nuestro Estado autonómico, durante este tiempo tan difícil, ha resistido bien la prueba de esfuerzo al que lo hemos sometido para salvar vidas. Y lo han hecho tanto la Administración General del Estado, como todas y cada una de las administraciones autonómicas y locales”. 

“Creo profundamente en la capacidad de las instituciones para mejorar la vida de las personas y especialmente en el poder que la democracia deliberativa tiene para lograr que, desde perspectivas distintas, puedan definirse acciones que contribuyan al bienestar colectivo. La dolorosa experiencia vivida durante esta pandemia me ha reafirmado en esa convicción personal”, ha concluido la ministra.