Baleares, libre de okupas

España

Esta afirmación parece tendenciosa pero en las Islas Baleares está siendo una realidad gracias a una instrucción dictada por el fiscal superior de la comunidad, Bartolomé Barceló, hace poco más de un año.

En ella legitima a la policía a actuar de oficio en caso de ocupaciones ilegítimas de viviendas aprovechando la ausencia de sus moradores: “Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales”, reza dicha instrucción.

Bartolomé Barceló, fiscal superior de Baleares

Antes de dictarse, las Islas Baleares, en particular Mallorca, era un lugar especialmente castigado por las ocupaciones de viviendas, en su mayoría segundas residencias radicadas en zonas costeras.

Se trata de un terreno pantanoso y difuso en cuanto a la legitimidad policial se refiere a la hora de actuar de oficio en estos casos y devolver in situ el bien inmueble ocupado a su legítimo propietario. A priori parece sencillo de aplicar pero en la práctica este tipo de intervenciones despierta una palpable inseguridad jurídica que llevaba a los agentes a judializar el hecho y no tomar decisiones en el momento.

Sin embargo, gracias a esta pionera instrucción, el índice de ocupaciones en la comunidad balear ha descendido considerablemente. Los policías, amparados en ella, actúan ahora de forma más decidida, lo que posibilita que los okupas se lo piensen mejor antes de adueñarse de una vivienda que no es suya. De hacerlo, se enfrentarían a una pena de prisión de hasta dos años.  

Estado de alarma

El confinamiento debido al estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19 vivida en nuestro país ha propiciado que los índices de ocupaciones de viviendas, especialmente segundas residencias, se dispararan. Sin embargo, en Baleares esta preocupante tendencia no ha tenido prácticamente efecto y solo se han registrado 13 denuncias durante el periodo del 15 de marzo al 15 de mayo. 

Sin duda, la instrucción del fiscal Bartolomé Barceló, mucho ha tenido que ver en este descenso. Ahora solo falta que el resto de comunidades tomen ejemplo de esta exitosa medida y se permita a la policía atajar este tipo de delitos, sin miedo a represalias jurídicas.

“Los agentes conocen la instrucción y saben que están amparados por ella. Mi objetivo era dejarles lo más claro posible cuándo se puede actuar sin medidas judiciales y cuándo no, porque en la ley hay muchas zonas difusas y es donde aparecen las dudas. Hasta el momento, ningún desalojo resuelto de forma directa ha generado un problema judicial para los agentes, y eso es señal de que es una herramienta útil y segura. Pero esto no deja de ser la instrucción de un fiscal, no se puede esperar que resuelva el problema de las ocupaciones, ese es trabajo del Congreso de los Diputados”.

Según las cifras de condenados por el delito de usurpación de viviendas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se dictaron 6.028 sentencias por este tipo de infracción y alrededor de 90.000 viviendas fueron okupadas en toda España. Actualmente se calcula que la cifra ronda las 100.000, según datos del comparador de seguros acierto.com. La firma advierte además del riesgo de un repunte de okupaciones de segundas residencias ante “la falta de movimiento ocasionada por el confinamiento y las calles poco frecuentadas”.